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En un entorno tan dinámico y complejo como el sector público, es fundamental contar con un asesoramiento legal sólido y actualizado. De esta manera, EGUESAN se compromete a ofrecer servicios de calidad, adaptados a las necesidades específicas de cada cliente, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y optimizar los procesos administrativos.
Normativa en materia de Contratación Pública y Derecho Administrativo
Normativa en materia de Residuos
La contratación pública es un proceso fundamental en la administración estatal, ya que implica la adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del Gobierno. Para garantizar la transparencia, la equidad y la eficiencia de este proceso, es crucial contar con una legislación sólida, acompañada de reglamentos y decretos que establezcan los procedimientos y criterios para llevar a cabo las contrataciones de una manera legal.
Estas leyes y regulaciones definen claramente los requisitos para participar en los procesos de licitación, los criterios de selección de proveedores y procedimientos de evaluación, así como los mecanismos de resolución de conflictos. Además, deben incluir disposiciones que promuevan la competencia y la igualdad de oportunidades para todos los proveedores, evitando prácticas como el favoritismo o la corrupción.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad.
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La ingente cantidad de residuos de todo tipo que genera el ser humano se ha convertido en un grave problema para la sociedad actual. Una deficiente gestión de los mismos supone un peligroso factor contaminante que no hace sino acelerar la degradación del planeta y poner en peligro la vida que este acoge. Es por eso que tenemos la necesidad de implementar una normativa de gestión de residuos, cuya legislación regule y ampare al medio ambiente.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Ley 1/1999, de 29 de enero, de residuos de Canarias.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos.
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.
Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos.
Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana.
Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada.
Ley 3/2023, de 30 de marzo, de Economía Circular de Andalucía.
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia.
Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi.
Ley 6/2017, de 8 de mayo, de Protección del Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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